Sanciones de hasta 1.200 euros en el Pleno de Castilblanco

El PSOE aprueba un reglamento que restringe el acceso de vecinos al Pleno, limita la función de control de los partidos políticos al gobierno municipal, y prevé la expulsión de concejales y vecinos con sanciones de hasta 1.200 euros.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, liderado por el socialista Segundo Benítez en minoría, ha previsto dotar a la corporación municipal de un nuevo reglamento del Pleno donde restringe el acceso de la ciudadanía a las sesiones con un sistema de acreditaciones previas y fija sanciones que van desde la expulsión de la sala a multas económicas para concejales y vecinos.


A criterio del alcalde y presidente del Pleno queda la interpretación y el cumplimiento de este articulado sacado adelante con los votos de PSOE en Castilblanco que contempla la expulsión de un concejal si en el transcurso de una sesión se le llamase al orden en tres ocasiones. «Si se negase a abandonar la sala voluntariamente y fuese precisa la intervención de la Policía Local, el concejal será sancionado además de con la expulsión con una sanción económica de 300 euros que se descontará a la dotación de funcionamiento del grupo político al que pertenezca», establece la norma municipal.


En el articulado se describe un sistema de sanciones que penaliza la reincidencia, y concreta que la sanción económica «podrá elevarse al cuádruple», hasta 1.200 euros, en el supuesto de que los concejales mantuvieran a juicio de la presidencia actitudes susceptibles de afectar al normal desarrollo de la sesión plenaria.



Dos proposiciones por grupo


La norma socialista limita también la iniciativa y la función de control al Gobierno que llevan a cabo los partidos políticos, así como su capacidad para elevar propuestas al Pleno.
«Sólo se podrán presentar dos proposiciones por sesión ordinaria», cita el reglamento en su artículo 27, y «entre todos los miembros de cada grupo no podrán formularse más de tres ruegos y preguntas en cada sesión», se remarca en el artículo 29.


Entre los cambios que introducen al funcionamiento de estas sesiones públicas del Pleno, se encuentra el sistema de acceso y control. El Pleno ha pasado a celebrarse en una pequeña sala con un aforo limitado a 25 personas. El acceso se restringe con un sistema de acreditaciones del que se ocupará la Policía Local antes de cada Pleno.



Sin reivindicaciones en la sala


El artículo 23 del reglamento prohíbe a los concejales de la corporación municipal asistir a las sesiones exhibiendo mensajes reivindicativos, así como banderas o insignias que no sean las oficiales.


Al igual que con los concejales, la norma prohíbe a los vecinos la asistencia al Pleno con estos símbolos, y contempla la expulsión de los vecinos para todo el período de sesiones de la legislatura. «El presidente podrá proceder a la expulsión del asistente por cualquier causa que impida el normal desarrollo de la sesión y si se negase hasta que fuera preciso la intervención de la Policía Local -cita el reglamento aprobado por el PSOE en el Ayuntamiento de Castilblanco- será sancionado con la prohibición de asistir a otras sesiones plenarias dentro de la misma legislatura».


Si el asistente expulsado hubiera tenido alguna adscripción a un partido político, y sin concretar en base a qué criterio tendría el alcalde acceso a esta información, el reglamento socialista establece en su artículo 24 unas sanciones de hasta 150 euros «que se restarán a la dotación de funcionamiento que percibe el grupo político al que pertenezca el sancionado».

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