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Desafíos del nuevo Gobierno en la gestión sanitaria de Andalucía


El colectivo farmacéutico aplaude la suspensión de la subasta de fármacos y los sindicatos de médicos y enfermería celebran la propuesta de equiparación salarial del nuevo Ejecutivo andaluz. Críticos como el doctor Jesús Candel o la confluencia Adelante Andalucía recelan de las propuestas que pueda poner en marcha la nueva Junta de Andalucía. 



JUAN CARLOS ROMERO | Juan Manuel Moreno Bonilla arranca su mandato con la primera movilización social, la del doctor Jesús Candel 'Spiriman', el domingo en Sevilla, en defensa de la sanidad pública y contra “la corrupción sanitaria” en Andalucía, una cuestión que merece una “atención preferente” para el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos, según afirmó la pasada semana el nuevo presidente andaluz.

El deterioro de la atención primaria en los centros de salud, el colapso de las urgencias y la dilación desmedida de las listas de espera para las pruebas de diagnóstico, la valoración de especialistas o las intervenciones, son, junto a las demandas de mejoras laborales de sus profesionales y el costo de la factura farmacéutica, los grandes desafíos que el nuevo Consejo de Gobierno —con consejeros del Partido Popular y de Ciudadanos— deberá abordar en el Palacio de San Telmo, sede de Presidencia de la Junta de Andalucía. Los socialistas dejan la administración con una sanidad denostada por profesionales y pacientes, que han venido pugnando en las calles por reestablecer un estándar público de calidad en las prestaciones y condiciones sanitarias.
La bajada de impuestos y la suspensión de la subasta de medicamentos supondrán una reducción de ingresos y un aumento de gastos que pueden impedir aumentar la inversión en sanidad pública
La bajada masiva de impuestos acordada por las tres fuerzas políticas —PP, Cs y Vox— que han hecho presidente a Juan Manuel Moreno, y la suspensión de iniciativas como la subasta de medicamentos que impulsó el PSOE para reducir el costo farmacológico para la administración, supondrá una reducción de ingresos y un aumento de gastos para las arcas públicas que a prioripueden ser un primer impedimento para aumentar la inversión en recursos materiales y humanos y reanimar la atención sanitaria pública. El compromiso del PP en campaña electoral pasa por destinar el 7% del Producto Interior Bruto andaluz a la sanidad pública, ampliar la cartera de servicios y aplicar la “demora 0 en los procesos oncológicos”, con un programa que permita que en 30 días una persona esté diagnosticada y en tratamiento.

Las cuentas de la Consejería de Salud suman casi 9.000 millones de euros y suponen un 31% del presupuesto total de la Junta de Andalucía. El desembolso per cápita de la sanidad pública andaluza se situó en 1.110 euros en 2016, casi un 20% menos que la media nacional. La cartera, conforme al reparto de consejerías acordado con Ciudadanos, recaerá en manos del Partido Popular, que gestionará el doctor y ex senador popular Jesús Aguirre. 

No lo tendrá fácil. Bajo el lema 'No a la corrupción sanitaria, político y judicial' este mismo domingo los andaluces tomaron las calles del centro de Sevilla a las 12h del mediodía desde la Plaza Nueva a Puerta de Jerez en una movilización convocada antes del adelanto electoral por la asociación Justicia por la Sanidad, liderada por el doctor Jesús Cándel. Este médico granadino, conocido como Spiriman, ha sido una pesadilla para la ex presidenta Susana Díaz, a la que puso contra las cuerdas. Ha dado voz desde dentro a profesionales y pacientes para esbozar un diagnóstico colectivo en el que evidencia la gestión deficiente de los servicios sanitarios. Así ha canalizado el descontento de la ciudadanía por la percepción objetiva del desmantelamiento de la sanidad andaluza. Las movilizaciones convocadas hasta ahora en los últimos años han tenido impacto en las ocho provincias andaluzas.

La primera protesta masiva, el 16 de octubre de 2016 en Granada, mandó un mensaje claro en contra de la gestión sanitaria y la política de fusión hospitalaria. El pulso de estas 'mareas blancas' enmendó la plana al PSOE Andaluz en febrero de 2017. La expresidenta Díaz se vió obligada a derogar la orden que activó las fusiones hospitalarias de Granada y Huelva. Y, una vez desautorizados por el propio Gobierno y desacreditados ante la opinión pública por las 'mareas', se produjeron las primeras bajas de los responsables políticos del área de Salud con la salida —por la vía de la dimisión— del viceconsejero Martín Blanco y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda.
Marea Blanca en Granada 2
Manifestación en defensa de la sanidad pública y contra la fusión hospitalaria en Granada en octubre de 2017 CARLOS GIL
“En Granada se hizo el mayor desastre en una provincia con un daño a pacientes y profesionales inaudito al desmantelar dos hospitales universitarios que contaban con especialistas de guardia para dejar lo básico y empezar a concertar con la privada los diagnósticos: al final tuvieron que reinvertir para recuperar la dotación de los dos hospitales completos”, relata Jesús Candel a El Salto Andalucía.
Máquinas que no funcionan a pleno rendimiento, cierre de unidades y áreas hospitalarias, un incremento exponencial del número de puestos de trabajo en la administración paralela atribuidos a afines al partido para obviar el control público, sin pasar oposiciones ni regirse por criterios profesionales, son parte, según Spiriman, del modo institucionalizado de “corrupción pura y dura” que ha caracterizado la gestión sanitaria en manos socialistas.
Empiezan a no contratar a profesionales, a recortar, mientras entra gente inepta por el mero hecho de tener el carné de partido en centros de salud y hospitales para llevar la gestión y tomar decisiones
¿Por qué? “Se politiza la sanidad: empiezan a no contratar a profesionales, a recortar, mientras entra gente inepta por el mero hecho de tener el carné de partido en centros de salud y hospitales para llevar la gestión y tomar decisiones en detrimento de los jefes de servicios que se lo han ganado por oposición y méritos”, detalla Candel, quién subraya que la sanidad es un derecho de la ciudadanía y no un negocio.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE: LISTAS QUE DESESPERAN 

En su investidura, Moreno Bonilla no obvió la patata caliente que tiene en sus manos. “Hemos asistido a un lamentable proceso de desmantelamiento de la sanidad pública andaluza ante la mirada indignada de sus profesionales”, citó el presidente, que anunció una cascada de objetivos, como la reducción de las listas de espera, despolitizar el SAS y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria con la libre elección de especialista y el refuerzo de la atención primaria.

Los plazos de las listas de espera en algunos pacientes oncológicos son decisivos para la mejora o el agravamiento de su situación. Para la vida o la muerte. La asociación Defensor del Paciente sostiene en su memoria de 2018 que Andalucía “tiene los peores servicios sanitarios de todo el territorio español”, y denuncia que el SAS “lleva más de un año, de manera viciada, sin publicar su lista de espera quirúrgica”, en la que alrededor de 72.250 pacientes “se encuentran en impasse de cirugía y la dilación media para tal efecto es de 105 días”, con especial incidencia en traumatología, cirugía general, oftalmología y urología.

“Andalucía es una comunidad muy extensa y poblada, y requiere unos servicios públicos bien financiados, por eso los recortes en sanidad se han notado de manera objetiva. Va todo en cadena: el deterioro de la atención primaria ha ido colapsando las urgencias hospitalarias y, al mismo tiempo, la atención derivada a diagnóstico y especialistas se ha ido demorando por la falta de personal y recursos, haciendo que las listas de espera sean insultantes, a más largo plazo”, detalla la parlamentaria Inmaculada Nieto, de la confluencia de Podemos e IU, Adelante Andalucía.

EL CAMBIO DEL ART. 135 DE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DE PSOE Y PP

La responsabilidad, sin embargo, no se achaca exclusivamente a la gestión del PSOE en Andalucía. El bipartidismo primó el pago de la deuda a la financiación de los servicios públicos. En agosto de 2011, PP y PSOE acordaron la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para primar el pago de la deuda sobre la financiación de los servicios públicos. “No se le pueden achacar solamente al gobierno autonómico los recortes en los servicios públicos y el impacto que ha tenido en la sanidad en todo el país, porque vienen del decreto aprobado en 2012 por el Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y la modificación de la Constitución con respaldo del PSOE”, explica Nieto. El PSOE fue incapaz de sacar adelante una Ley de Sostenibilidad de la Sanidad Pública para blindar el servicio ante los recortes.

El doctor Candel tiene recetas también para el nuevo Ejecutivo. “A Juanma Moreno le digo que tiene que invertir en contratar profesionales y poner a funcionar a pleno rendimiento los centros médicos y hospitalarios, y si hay pacientes esperando cinco meses con fuertes dolores para hacerse una resonancia, que empiecen desde este momento a dar cita por las noches si es necesario para aligerar las listas de espera; el paciente lo que busca en última instancia es que se le atienda cuanto antes”, prescribe el granadino, quien afirma categóricamente: “La corrupción sanitaria y las movilizaciones de profesionales y pacientes indignados le ha costado el puesto a Susana Díaz”. En esta máxima coincide con Moreno Bonilla quien, en su investidura, sentenció a la expresidenta: “Usted es víctima de su gestión, y de la gestión que han venido realizando en los últimos años”.

25 AÑOS DE EXCEPCIÓN: LA SANIDAD CONCERTADA POR EL PSOE ANDALUZ

Los gobiernos andaluces no se han preocupado de dotar de suficiente equipamiento público en diferentes zonas de la comunidad para atender las demandas sanitarias de la población como alternativa al concierto. Según la ley, el concierto es un servicio complementario al que se debe acudir de manera puntual cuando no se tiene otra alternativa. Los conciertos sanitarios no llegaron con Susana Díaz, pero han sido una política que el PSOE ha sostenido durante más de 25 años en la Junta de Andalucía. En provincias como Cádiz, algunas zonas disponen de un solo hospital con urgencias y es concertado. En Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, dos ciudades de más de 50.000 habitantes, no tienen alternativa pública.

“Perpetuar esta política de concierto sanitario durante más de dos décadas es una irresponsabilidad de los gobiernos del PSOE porque, además, se consumen más recursos que la dotación pública; la privada presiona a la Junta con toda la fortaleza que la administración socialista le ha permitido tener debido a la situación de monopolio que vela por intereses exclusivamente empresariales”, sugiere Adelante Andalucía. “Vamos a estar vigilantes de las condiciones de trabajo del personal sanitario en la pública, pero también de quiénes trabajan en los servicios externalizados”, indica Nieto.
El Consejo de Defensa de la Competencia certificó que, durante 2014, 2015 y 2016, Clínicas Pascual llegó a triplicar y hasta quintuplicar en algunos casos el precio de los servicios sanitarios prestados al SAS respecto al valor que fija para otros clientes
Un informe oficial de la Agencia de Competencia cifra en 164 millones de euros el beneficio ilícito en el concierto con la privada Clínicas Pascual de tres hospitales en la provincia de Cádiz, los centros de Santa María del Puerto (el Puerto de Santa María), Virgen del Camino (Sanlúcar de Barrameda) y Virgen de las Montañas en Villamartín. El Consejo de Defensa de la Competencia certificó además que, durante los años 2014, 2015 y 2016, la privada llegó a triplicar y hasta quintuplicar en algunos casos el precio de los servicios sanitarios prestados al SAS respecto al valor que fija para otros clientes. El beneficio ilícito fue reconocido por la privada, aunque lo cifró solo en 35 millones de euros. Pese al escándalo, la administración andaluza resolvió en marzo de 2017 renovar los tres conciertos incrementando la partida presupuestaria.

EQUIPARACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL SANITARIO

Entre las medidas estrella que ha anunciado el nuevo Gobierno Andaluz sobresale un Proyecto de Ley Andaluza de Atención Temprana, promover “la firma de convenios de colaboración con otras comunidades autónomas para que la tarjeta sanitaria andaluza pueda ser utilizada en todo el territorio nacional”, y equiparar las retribuciones que perciben los profesionales del sector sanitario andaluz con las del ámbito estatal.

La preocupación de los profesionales sanitarios va más allá del palpable deterioro de la atención a pacientes y está ligada también a las condiciones laborales en Andalucía. Rafael Ojeda, del Sindicato Médico Andaluz (SMA) en Sevilla, lamenta que la administración saliente ha sido poco dialogante con los profesionales sanitarios y no ha tenido voluntad de escuchar y atender a demandas y necesidades del colectivo médico. Frustración, desmotivación y desánimo resumen la situación del colectivo, con retribuciones menores a las del resto de España. “Faltan recursos públicos y al nuevo ejecutivo vamos a reclamarle lo mismo que al anterior: queremos participar en la gestión sanitaria como profesionales, inversión en la atención primaria para paliar la precariedad en la que se encuentra, y seguridad para abordar nuestra labor de la mejor manera en beneficio de los pacientes”, dicen desde el sindicato médico.

En el Sindicato de Enfermería (SATSE) toman nota de los compromisos reflejados en el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos, y dan un margen de confianza a las nuevas autoridades para que los cumplan. “La equiparación salarial de los profesionales sanitarios de Andalucía respecto a la media nacional coincide con una de las principales reivindicaciones de Satse y por cuyo cumplimiento velaremos —explica a El Salto Andalucía el secretario general de Satse Andalucía, José Sánchez Gámez— porque es de justicia que se reconozca el esfuerzo realizado durante los años de crisis por el colectivo de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas”.

Satse demanda la restitución del cien por cien del sueldo base en las pagas extras y acabar con la discriminación que sufren en la sanidad andaluza las categorías de enfermería y fisioterapeutas, a las que, aseguran, se les niega el reconocimiento de su nivel profesional dentro del grupo A1, que les corresponde por su formación académica de grado. El nuevo Gobierno se ha comprometido también a acabar con “la precariedad, el abuso de temporalidad y la excesiva rotación entre los profesionales”, propósito que, a juicio de Satse, solo se logra paliando el déficit estructural de plantillas existente. “Pediremos el apoyo de todos los grupos políticos andaluces a la Ley de ratios Enfermeras, cuyo objetivo es conseguir una dotación adecuada de enfermeras, acordes con las ratios europeas, donde computa una media de 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 4,13 enfermeras por cada 1.000 habitantes que tiene Andalucía”, explica Gámez.

El responsable de Satse Andalucía no obvia “las amenazas de medidas privatizadoras de la sanidad pública o que impliquen la usurpación de funciones propias de las enfermeras y enfermeros y de otras profesiones sanitarias”, y, asegura Sánchez Gámez, se opondrán a cualquier medida que vaya en esa línea.

"NO VAMOS A DELATAR A PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR"

La seguridad y los casos de agresiones son una realidad pendiente de atajar. “Da la impresión de que las agresiones a profesionales sanitarios son cada vez más graves y, aunque responde a una minoría de los usuarios, sí necesitamos medidas concretas que garanticen la seguridad en los centros y control al acompañamiento de pacientes y acceso al área sanitaria para evitar amenazas y agresiones”, sugieren desde el Sindicato Médico.
Vox elevó a la negociaron la posibilidad de que fueran los profesionales sanitarios quienes delataran a las personas en situación irregular en Andalucía para devolverles a sus países de origen
Los ultras de Vox, socios de investidura de Moreno Bonilla, elevaron a la negociaron la posibilidad de que sean los profesionales sanitarios quienes delaten a hasta 52.000 personas que estarían en situación irregular en Andalucía para devolverles a sus países de origen. La propuesta sonroja al colectivo, que es contundente en este sentido: “A los profesionales nos corresponde atender a nuestros pacientes con nuestro mejor criterio y decisiones de carácter político sobre migración le corresponden a los políticos, y no vamos a participar de esos debates para delatar a ninguna persona por su situación personal, sea la que sea, regular o irregular”, explica Ojeda.

El hartazgo de profesionales sanitarios andaluces lo resume también Candel, receloso de la intervención política en la cartera de salud pública: “He recibido propuestas para formar parte de todos los partidos, desde Santiago Abascal a Teresa Rodríguez, y les he contestado vulgarmente: '¡A tomar por culo!', porque no se enteran que soy médico, que me gusta ser médico, y que lucho desde dentro para cambiar las cosas y para que se escuche a los profesionales y sus propuestas”.

JAQUE A LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS

Entre 2012 y 2017 la subasta de medicamentos, muy contestada por el sector farmacéutico y las fuerzas políticas de derechas a nivel andaluz e incluso estatal, habría ahorrado 568 millones a la Hacienda pública, según datos de la exconsejera de Salud, Marina Álvarez. Los acuerdos del PP con Ciudadanos proponen “revertir el actual modelo de subasta de medicamentos en Andalucía”, y con Vox alude a “revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando a Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las comunidades por el Gobierno central”.
A priori el Servicio Andaluz de Salud tiene comprometidos dos años de exclusividad con los laboratorios para la prescripción por principio activo, como avala la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nuevo Gobierno podrá no hacer nuevas convocatorias, pero no dejar en suspenso antes de dos años el modelo de subastas, lo que podría incurrir en penalizaciones por el lucro cesante de los laboratorios farmacéuticos. El tema se coló en la investidura de Moreno Bonilla por boca de la expresidenta Susana Díaz, que cuestionó si se pretende suspender este modelo, “que ha supuesto un ahorro para las arcas públicas de más de 500 millones de euros frente a los grandes laboratorios”.

La subasta de medicamentos se desarrolla en el marco de la Ley de Farmacia de Andalucía y aparece por primera vez en diciembre de 2011 a propuesta de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su etapa de consejera del Gobierno de José Antonio Griñán en Andalucía. El decreto ley de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público regula la selección pública de medicamentos, y la primera convocatoria se realizó en febrero de 2012.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos propone que se estudien medidas de ahorro más eficaces distintas a la subasta de medicamentos. “Así lo defendemos para evitar la inequidad entre andaluces respecto al resto del territorio”, detalla a El Salto Andalucía su presidente, Antonio Mingorance. “En otros territorios, los pacientes tienen acceso a cualquiera de los medicamentos que hay en el mercado; aquí, por la subasta, solo se tiene acceso a los asignados previamente seleccionados por la administración”, explica.

MEDICAMENTOS "SEGUROS Y EFICACES"

El sector farmacéutico se propone erradicar bulos con los que en ciertas ocasiones se ha despreciado la subasta de fármacos andaluza. “Todos los medicamentos que hay en las farmacias, tanto en España como en Andalucía, son seguros y eficaces, y es algo que subrayamos para garantizar la confianza de usuarios”, explicitan desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. “Hay que hacer un uso racional de la farmacia por parte de la administración, debemos resolver las farmacias de baja rentabilidad en zonas deprimidas, y tenemos que dar tiempo a la nueva administración para que se haga a las nuevas responsabilidades”, concluye Mingorance.


El Tribunal Constitucional avaló por unanimidad en 2016 este modelo de abastecimiento ante un recurso que interpuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el que sostenía que la regulación andaluza vulneraba las competencias estatales. En el Gobierno saliente defienden el modelo: “Lo que dejamos de gastar con la selección pública de medicamentos lo podíamos emplear en asistencia sanitaria”, detallan las anteriores autoridades de la Consejería de Salud, y lo resumen gráficamente: “Construir un hospital de alta resolución supone 25 millones de euros aproximadamente, por lo que esa cifra daría para varios hospitales de alta resolución”.

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