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El movimiento memorialista de Andalucía insta al Gobierno Andaluz a avanzar en los principios de Verdad, Justicia y Reparación en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática



La reforma de la Ley de Memoria Histórica a nivel estatal no llegará al Consejo de Gobierno al concluir julio como había previsto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La asociación 'Nuestra Memoria' reclama la derogación de la ley de 2007 y la aprobación de una nueva más ambiciosa y avanzada.


La presidenta  de la asociación 'Nuestra Memoria', Paqui Maqueda, lamenta que el denominado comisario para la Concordia, Francisco Javier Arroyo Navarro, un cargo que Partido Popular y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta creó y nombró en pleno Estado de Alarma el pasado mes de abril, no ha tenido tiempo aún de reunirse con los grupos memorialistas de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a la Onda Local de Andalucía, Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria y familiar de víctimas del franquismo, reclama a las administraciones que cumplan con la Ley de Memoria Democrática, que sigue vigente aunque amenazada por la ultraderecha que sostiene al Gobierno Andaluz, y que atiendan al mandato de Naciones Unidas de 'verdad, justicia y reparación de la memoria' de las víctimas del alzamiento militar y el franquismo.

Asegura que esta legislación se está cumpliendo a medias en el período actual, con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla asumiendo algunos deberes que el PSOE dejó pendientes en el anterior período. No obstante, reconoce el trabajo realizado por la Dirección de Memoria Histórica de anteriores gobiernos andaluces.

Maqueda pide al Gobierno de España que derogue la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la sustituya por una nueva ley que reconozca el derecho internacional en materia de memoria democrática.

Esta semana el Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden por la que habilita 750 mil euros para actividades relacionadas con la Ley de Memoria Histórica, destinadas a asociaciones, fundaciones, universidades y organismos públicos. De este montante se espera que 450 mil euros vayan destinados a la exhumación de personas enterradas en fosas comunes a nivel estatal. Desde el año 2011 el Gobierno de España no convocaba estas ayudas en desarrollo de la legislación vigente.

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